FMI

FMI Financiando deforestación Como los créditos y políticas del Fondo Monetario Internacional son los responsables de la deforestación. Jason Tockman American Lands Alliance noviembre 2001 Resumen Ejecutivo Los préstamos y políticas del Fondo Monetario Internacional (FMI) han provocado deforestación extensiva en cada uno de los 15 países de África, América Latina y Asia comprendidos en el estudio de este informe. Esta pérdida de bosques se ha producido en forma directa, a través de la promoción que hace el Fondo de la inversión extranjera en recursos naturales y las medidas de austeridad y recortes de gastos en los programas ambientales; y en forma indirecta a través de programas que han empeorado sin proponérselo las condiciones de pobreza, y también gracias al énfasis del FMI en el crecimiento económico orientado a la exportación. A través de sus “programas de ajuste estructural” (PAE), el FMI influye en las políticas y prácticas económicas de los países al condicionar los préstamos a la aceptación de una serie de medidas de liberalización del comercio y la inversión. Junto con sus socios, principalmente el Banco Mundial y la Organización Mundial del Comercio, el FMI ha contribuido a promover un modelo de privatización, desregulación, inversión extranjera y crecimiento orientado a la exportación. A través de estas políticas, el FMI impone una receta única para todos, supuestamente con el objetivo de obtener crecimiento económico al aumentar el acceso de los países en vías de desarrollo a la moneda fuerte. Pero, si bien no se han logrado los objetivos de desarrollo en la mayor parte de los países clientes del FMI, el efecto general de políticas sobre los bosques a nivel mundial ha sido devastador. Aunque los arquitectos de la globalización corporativa sostienen que la liberalización del comercio y la inversión constituyen la mejor estrategia para obtener avances en la protección del medio ambiente, los datos demuestran que los fondos para los programas ambientales han sido trabados por los significativos recortes presupuestales impuestos a los países por el FMI. Los gastos del estado en importantes programas ambientales se han reducido sustancialmente en Brasil, Nicaragua, Guyana, Papua Nueva Guinea, Rusia, Indonesia, Tanzania, y Camerún. Los recortes inducidos por el FMI han impedido el desarrollo de las siguientes actividades:

bosques y la fauna

Además, la financiación insuficiente que reciben los organismos reguladores ha creado condiciones propicias para: es nacionales y las reservas protegidas

La prosperidad económica a largo plazo se debe basar en modelos de desarrollo sustentable. En su lugar el FMI prioriza medidas de liberalización económica en vez de objetivos clave a nivel social y ambiental. Los mecanismos principales de liberalización económica del FMI incluyen: reducción de impuestos a la exportación; flexibilización de leyes y reglamentaciones sobre minería y bosques, eliminación de barreras a la exportación de troncos sin procesar; oferta de exenciones impositivas a firmas extranjeras; levantamiento de prohibiciones a la inversión extranjera incluyendo la propiedad de la tierra; y cualquier otra forma de eliminación de barreras al comercio. El enfoque de la institución centrado en la promoción del crecimiento orientado a la exportación y la inversión extranjera en los sectores de recursos naturales a través de estas estrategias ha tenido un profundo impacto en los bosques del mundo. Sin ninguna mejora real en las salvaguardas ambientales, la fórmula del FMI ha sido una receta para la deforestación acelerada en los países analizados en este informe. Las políticas del FMI amenazan los bosques y la fauna en forma indirecta a través del agravamiento de las condiciones de pobreza en Rusia, Ghana, Costa de Marfil, y Nicaragua. El desplazamiento de comunidades, la devaluación de la moneda nacional, la eliminación de los servicios sociales y otras medidas promovidas por el FMI que apuntan a rebajar el nivel de vida de los pobres, determina que la población rural de muchos países se vea forzada a explotar los recursos de los bosques para intentar satisfacer sus necesidades básicas.

Introducción Fundado en 1945, el FMI fue creado para proporcionar un sistema monetario internacional estable que promoviera el comercio internacional, manteniendo tasas de cambio monetario fijas entre los países y prestando dinero a los países que atravesaran dificultades financieras a corto plazo. Pero en los últimos años, el FMI ha adquirido un rol mucho más amplio, modelando las políticas económicas y sociales de los países en vías de desarrollo. El FMI es un componente básico de la red de instituciones financieras que proporcionan financiación y otras seguridades de inversión para promover la liberalización del comercio mundial y las inversiones. Además del FMI, el Banco Mundial, la Organización Mundial del Comercio, las instituciones de crédito a la exportación, y los bancos privados (como el grupo Citi) han jugado roles prominentes en el realineamiento de las relaciones económicas a nivel mundial hacia un sistema integrado favorable a los inversores.

El FMI juega un rol decisivo para asegurar la participación de los países en vías de desarrollo en este proceso, condicionando los préstamos a la adopción de una serie de cambios en las políticas, bajo la denominación de “programas de ajuste estructural” (PAE). En este proceso el FMI utiliza el endeudamiento que debilita a los países en vías de desarrollo (y su miedo a dejar de pagar préstamos anteriores) como un punto de inflexión para promover el orden del día del “libre” comercio. Los PAE se han transformado en la herramienta dominante para abrir las economías a la inversión extranjera y eliminar las barreras proteccionistas. Pero el papel que juegan los PAE es mucho más amplio. Se han convertido en el vehículo de la política económica mundial mediante el cual las instituciones financieras internacionales han forjado un conjunto más o menos uniforme de reformas para crear un sistema económico mundial integrado favorable a las inversiones de las empresas transnacionales. En tanto los cambios de estas políticas han sido justificados en nombre del crecimiento económico, la mayor parte de los países en vías de desarrollo experimentaron un crecimiento económico menor durante los últimos 20 años de “ajuste estructural” que durante el período de 20 años anterior al mismo. La elaboración de este marco internacional en cambio, ha acrecentado las ganancias de las multinacionales, a la vez que ha empeorado las condiciones de los pobres del mundo, ensanchando así la brecha entre los que tienen los recursos y los que no los tienen. Este informe analiza el impacto de las políticas del FMI sobre los bosques en países clientes del Fondo. En comparación con su par, el Banco Mundial, las denuncias de impacto del FMI sobre los bosques han sido relativamente poco registrados. Este análisis entonces busca consolidar y contribuir con elementos nuevos a los datos disponibles hoy para quienes elaboran políticas, funcionarios gubernamentales, investigadores, y defensores de los bosques, sobre la relación entre el FMI y la pérdida de bosques. Los resultados de la arquitectura económica cuidadosamente estructurada del FMI incluyen:

1995 superó ampliamente la tasa promedio de pérdida de bosques a nivel mundial. En este momento, aproximadamente el 75 por ciento de estos países están sujetos a acuerdos de préstamos con el FMI. En dos de estos países, Nicaragua y Honduras, se ha perdido casi el 12 por ciento de los bosques, siete veces el promedio a nivel mundial.

inversión en el sector de minería para atraer inversiones extranjeras.

madereo, la obtención de leña y la caza de animales. El número de elefantes, orangutanes, lémures y gorilas también ha disminuido drásticamente. Sin embargo, la red de medidas de liberalización tejida por el FMI mantiene una serie de políticas elaboradas por el hombre diseñadas para dar forma a un resultado particular. A pesar de la retórica de sus defensores que argumentan lo contrario, el “libre” comercio no es una fuerza de la naturaleza de carácter irreversible e inevitable. Como se detalla en la sección final sobre recomendaciones, es posible modificar e incluso

erradicar las políticas del FMI responsables de la deforestación mundial. Podemos (y si queremos preservar lo que nos queda de los eco-sistemas del mundo hoy en peligro, debemos) adoptar un nuevo modelo de integración económica que logre un equilibrio entre la prosperidad económica a largo plazo y la sustentabilidad ecológica en la cual ésta descansa.

Países latinoamericanos Brasil Los bosques húmedos de Brasil constituyen aproximadamente un tercio de los bosques tropicales que todavía existen en el mundo. En estos bosques habita la mayor reserva de diversidad biológica no examinada del mundo. Después de que su moneda, el real, comenzara a mostrar signos de contagio de la crisis financiera asiática, Brasil firmó un acuerdo de préstamo standby con el Fondo Monetario Internacional por US$ 45 mil millones. Los especuladores aterrorizados retiraron sus inversiones, produciendo el desplome las reservas del Banco Central, y en 1999 se produjo el colapso del real. Como parte del programa del FMI, el gobierno brasileño instrumentó una serie de recortes de gasto importantes. Una de las áreas de recortes fue el Programa Piloto del G7 para la Conservación del Bosque Tropical Brasileño, el mayor programa oficial de protección de la Amazonia. La iniciativa sufrió un recorte del 90 por ciento. El Programa Piloto había sido aprobado en la Cumbre de la Tierra de 1992, y apuntaba a realizar un reconocimiento del bosque tropical, la demarcación de las tierras indígenas, a promover el desarrollo sustentable, controlar la deforestación, y separar el diez por ciento de la tierra bajo el estatus de tierra protegida. Aunque Brasil solamente iba a proporcionar el diez por ciento de los fondos para el proyecto de US$ 250 millones, mientras los países del G7 y el Banco Mundial se hacían cargo de la mayor parte de la financiación, Brasil vació el proyecto, financiándolo solamente en la medida suficiente para cubrir algunos de los gastos administrativos. En respuesta a la reacción internacional, el gobierno restableció la financiación para el Programa Piloto a menos de un tercio de su presupuesto original. El gasto total en programas ambientales se redujo en aproximadamente dos tercios. El presupuesto del Ministerio de Medio Ambiente totalizó menos del tres por ciento de la financiación aprobada, impidiendo la puesta en práctica de diez de los dieciséis programas ambientales previstos. De los US$ 32 millones adjudicados a la protección de los bosques brasileños en el año 2000, solamente US$ 19 millones se gastaron efectivamente. La crisis económica de Brasil estimuló la quema y tala ilegal de tierras como resultado del aumento de la población dependiente de la agricultura de subsistencia. El 80 por ciento del madereo que se realiza en los bosques amazónicos de Brasil es ilegal. Cada año se destruyen entre 17.000 y 20.000 kilómetros cuadrados (una extensión superior al estado de Hawai en EE.UU.) a raíz del madereo ilegal y la agricultura. Estos niveles acelerados de madereo ilegal, combinados con la falta de recursos presupuestales de la

agencia encargada de proteger los recursos naturales, ha empeorado las perspectivas de los bosques en Brasil.

Chile Chile constituye un caso único para el estudio de los bosques a partir de los impactos de las reformas estilo FMI. Los bosques de Chile han sido golpeados implacablemente durante décadas por las políticas y prácticas promovidas por el FMI; sin embargo, el vínculo no pasa tanto por la imposición de medidas de ajuste estructural, como sucede en la mayor parte de los países incluidos en este informe. En tanto el FMI y otros actores han levantado a Chile como el modelo de liberalización de mercado de Latinoamérica, Chile sirve como ejemplo excelente de los efectos del sistema económico prescrito por el Fondo Monetario Internacional. El país abrazó entusiastamente las medidas de liberalización del comercio y la inversión, comenzando con el golpe de estado de 1973 del General Augusto Pinochet que derrocó al gobierno democráticamente electo de Salvador Allende. Pinochet introdujo a los “Chicago Boys,” un equipo de 30 economistas chilenos, capacitados bajo la tutela del economista del libre mercado Milton Friedman en la Facultad de Economía de la Universidad de Chicago, y les ofreció carta blanca en el manejo de la economía chilena. En 1975, los Chicago Boys realizaron un importante seminario económico en el cual propusieron el “tratamiento de shock”, o la extrema austeridad económica, incluyendo grandes recortes del gasto estatal, privatizaciones y liberalización del comercio. Pero el plan era solamente en parte la visión de los Chicago Boys; el FMI también ayudó a dar forma al programa, y lo estableció como condición previa para el otorgamiento de futuros préstamos al país. A comienzos de los años 80, cuando el Fondo Monetario Internacional otorgó un crédito a Chile, el mismo estuvo condicionado a la devaluación de la moneda y a nuevas medidas de ajuste. Tras casi treinta años de aplicación de las teorías neoliberales de Friedman, el resultado es una catástrofe ecológica. En Chile se encuentra un tercio de lo que queda en el mundo de bosques primarios templados, así como uno de los dos últimos bosques húmedos templados que todavía existen. Debido a su aislamiento, estos bosques han evolucionado como islas biológicas virtuales, y contienen cientos de especies de árboles y plantas vasculares que no se encuentran en ninguna otra parte del mundo. Los grandes restos de bosques antiguos de Chile albergan árboles centenarios, y monos de montaña, ciervos pudu, loros australes, pájaros carpinteros de la Patagonia y muchas otras especies identificadas como especies en riesgo, pero no han recibido la protección que tanto necesitan. El nivel de diversidad biológica en especies de bosques templados de Chile no tiene paralelo en ninguna otra parte del mundo. En Chile la actividad forestal ha consistido mayoritariamente en la conversión de bosques naturales en plantaciones de eucalipto y pino radiata no nativos, subsidiadas por fondos estatales de acuerdo al Decreto Ley 701 de 1974 y otros incentivos. La tierra dedicada a plantaciones creció de 200 mil hectáreas en 1974 a más de 2,1 millones en la actualidad. Los productos de madera representan el sector de más crecimiento para los mercados del TLCAN, y constituyen un 12 por ciento del total de las exportaciones

chilenas (las que incluyen también fundamentalmente, pescado, minerales y productos agrícolas). El noventa por ciento de las exportaciones de madera de Chile parten del país sin procesar o con un procesamiento muy elemental, como astillas, pulpa y troncos. Entre 1983 y 1989, las exportaciones de madera del país se duplicaron. Los defensores de los bosques chilenos estiman actualmente que cada año se degradan en Chile entre 120.000 y 200.000 hectáreas de bosque. Las empresas madereras extranjeras, como International Paper, Boise Cascade y Trillium Corporation de los Estados Unidos, y Marubeni y Mitsubishi de Japón, se han capitalizado gracias a la economía de libre mercado de Chile. Como resultado de las operaciones madereras, el árbol de alerce, considerado como el equivalente de la madera roja de los Estados Unidos, está incluido en la Lista Roja de la IUCN de especies en peligro y en el Apéndice I de la Convención sobre Comercio Internacional de Especies en Peligro (CITES por su sigla en inglés). El alerce es actualmente objeto de madereo ilegal extensivo, que se sigue produciendo debido a la carencia de recursos y voluntad política de la CONAF (Corporación Nacional Forestal). La legislación que protege a los bosques en Chile sistemáticamente no se aplica. El Plan de Acción Forestal del país dejó al descubierto que casi ninguno de los bosques nativos que se explotan en el país cuenta con un manejo apropiado; y de acuerdo a la Universidad Austral de Valdivia, solo en el veinte por ciento de los bosques en los que se realiza madereo existe un plan de manejo. El Banco Central de Chile ha estimado que todos los bosques nativos del país serán eliminados para el año 2015 si se mantiene el ritmo actual de deforestación. Las prácticas forestales en Chile han sido las responsables del desplazamiento de decenas de miles de familias rurales y pueblos indígenas Mapuche, que luchan para lograr el reconocimiento de sus derechos territoriales sobre esas tierras. Ecuador Situado en la costa noroeste de América del Sur, Ecuador tiene casi 20 millones de acres de bosques tropicales húmedos amazónicos y andinos primarios. Aunque Ecuador ocupa apenas un 0,2 por ciento de la superficie de tierra del planeta, allí se encuentran el diez por ciento de las especies de plantas de la Tierra. El FMI ha sido muy directo en su presión sobre el gobierno ecuatoriano para que éste expanda su producción mineral y de petróleo. En el año 2000, como parte de un acuerdo por un préstamo standby de un año por US$ 304 millones, Ecuador se comprometió con el FMI a aumentar sus exportaciones de petróleo de 90 a 190 millones de barriles en dos años. En función de este compromiso, el país puso en marcha un controvertido proyecto de explotación mineral masiva que amenaza importantes áreas de bosque y pueblos indígenas. En junio de 2001, Ecuador aprobó una licitación otorgada a un consorcio internacional encabezado por Occidental Petroleum, Chase Manhattan Bank, y Alberta Energy, para construir un oleoducto de crudo que atraviesa 11 áreas protegidas, incluyendo el bosque nublado prístino del Valle Mindo en el noroeste del país. Se prevé que el oleoducto de 95 millas de largo transporte petróleo desde el bosque amazónico hasta la costa del Pacífico.

Ese valle es hábitat de muchas plantas y animales en peligro, incluyendo el oso frontino (oso con anteojos), y ha sido designado por la organización BirdLife International (BLI) como la primera “Área importante para las aves” de América del Sur. Un estudio del BLI descubrió que esta área es un terreno de cría fundamental para el colibrí de pecho negro. Esta organización ha identificado 45 pájaros que habitan el valle Mindo como vulnerables a la extinción y diez más que se encuentran en riesgo en el mundo. El oleoducto que existe en el país sufrió una rotura en mayo de 2001 debido a un deslizamiento de tierras, vertiendo 7.000 barriles de petróleo. El derrame fue el decimocuarto más grande en un período de tres años. Durante los 20 años que lleva en Ecuador, la Texaco ha derramado millones de galones de petróleo en el bosque amazónico. Sin embargo, la biodiversidad y los antecedentes de derrames no se tuvieron en cuenta a la hora de aprobar el oleoducto. El mismo fue autorizado por el gobierno antes de realizar un estudio de impacto ambiental y sin consultar a las comunidades afectadas, violando así las leyes ecuatorianas. El consorcio que construirá el oleoducto tiene el plan de extraer el crudo construyendo cientos de pozos de petróleo en el Parque Nacional Yasani, declarado por la UNESCO Reserva de Biosfera y que ha sido identificado por los ambientalistas como “el último rincón prístino del Parque Nacional más importante de Ecuador”. El parque de 900.000 hectáreas es hogar de la tribu Huaorani, una minoría étnica cuya cultura está amenazada por el desarrollo, y es reconocido a nivel mundial por su diversidad biológica que incluye más de 200 especies de árboles. En su defensa del proyecto del oleoducto, el Presidente de Ecuador Gustavo Noboa citó la presión ejercida por el FMI. En el mismo discurso, Noboa declaró la “guerra” a los ambientalistas y señaló que el FMI apoyaba su posición sobre el oleoducto. La violencia ha ido en aumento, con los funcionarios de la compañía apaleando a los activistas ambientalistas en las manifestaciones contra el oleoducto. Jeffrey Franks, el representante del FMI en Ecuador, insistió en que el fracaso del avance del proyecto del oleoducto podría hacer peligrar el apoyo económico internacional.

Guyana Los bosques de Guyana cubren no menos del 75 por ciento de los 21,5 millones de hectáreas del país, lo que hace del país uno de los más densamente boscosos del mundo. Los tipos de bosques incluyen bosques de montaña, bosques tropicales húmedos, bosques perennes secos y bosques de manglares. Guyana ha estado bajo un programa de ajuste estructural desde fines de los años 90. Durante ese tiempo el FMI ha buscado transformar la minería, el madereo y el petróleo en sectores clave para el país. El FMI logró abrir los bosques de Guyana a una explotación más intensa por parte de estos sectores, pero fracasó en promover las protecciones ambientales y sociales necesarias para controlar los riesgos inherentes a la rápida liberalización del mercado y el crecimiento de los sectores extractores de recursos. Los bosques y los pueblos indígenas de Guyana han pagado un precio muy

alto por la visión estrecha y obsesiva del FMI de un crecimiento orientado a la exportación. En respuesta a la presión del FMI, Guyana modificó sus políticas de minería y ofreció generosas exenciones al impuesto a la renta, promoviendo más inversión extranjera en el sector minero (mayoritariamente oro y diamantes). En 1999, hubo 32 compañías mineras activas, con permisos de minería a gran escala sobre el diez por ciento de Guyana. Dos concesiones de minería otorgadas en 1999 tuvieron un impacto negativo en 400 comunidades indígenas, ninguna de las cuales fue contactada ni consultada antes de la aprobación de las minas. En 1995, una mina de oro operada por un consorcio canadiense causó un desastre de grandes proporciones cuando se abrió una brecha en una represa de residuos. La mina derramó entre uno y tres millones de metros cúbicos de residuos contaminados con cianuro en el principal río de Guyana, el Essequibo, matando peces, pájaros y mamíferos del río. También resultaron hospitalizados tres habitantes locales a raíz del envenenamiento por cianuro. La inversión extranjera en la industria maderera también ha tenido su auge en esta última década, en tanto el país ha ofrecido incentivos tales como las exenciones impositivas y facilidades para la exportación. También como parte del programa de ajustes del FMI, se aumentó la cantidad de hectáreas de tierra bajo jurisdicción de la Comisión de Bosques de Guyana. Como consecuencia, más de la mitad de los bosques disponibles para madereo están bajo concesión de compañías extranjeras. Gran parte de la inversión extranjera en la industria maderera de Guyana se ha caracterizado por las generosas facilidades impositivas otorgadas por el gobierno. Una compañía con predominancia malaya que adquirió una concesión de 1,7 millones de hectáreas para la producción de contrachapado y troncos, obtuvo una exención impositiva general. Cuando el FMI identificó específicamente a Demerara Woods como prioridad para ser privatizada, un consorcio británico ganó una fortuna, mientras los ciudadanos del país subsidiaron la venta de sus propios recursos. Si bien el aluvión de inversiones perjudiciales para el medio ambiente en los sectores de minería y madereo debería haber dirigido mucho más la atención del gobierno de Guyana hacia el medio ambiente, ha ocurrido exactamente lo contrario. Las reducciones presupuestales impuestas por el FMI han dejado a las agencias ambientales del país sin fondos suficientes para aplicar en forma efectiva las reglamentaciones ambientales vigentes. En particular, la Comisión de Bosques de Guyana, tiene un personal limitado con muy pocos silvicultores capacitados, y ha demostrado ser incapaz de controlar o regular las operaciones de madereo. Un estudio realizado por el Banco Mundial también determinó que la comisión de minería del país carecía tanto de reguladores para controlar la minería como de investigadores para estudiar los problemas ambientales, lo que ayuda a explicar el desastroso vertido de la mina sobre el río Essequibo. Si bien la entrega de la mayor parte de los bosques del país a manos extranjeras se hizo bajo el supuesto de que traería ingresos económicos a Guyana, esto no se ha cumplido. Los estudios tanto del Banco Mundial como del Instituto de Recursos del Mundo (World Resource Institute) han encontrado que los precios pagados por las compañías extranjeras por la madera de Guyana son extremadamente bajos, y representan no solo

poca ganancia para el desarrollo, sino además la creación de una competencia desleal para los productores locales. El estudio del Banco Mundial advierte: “Este tipo de minería en bosque involucra un modelo de desarrollo de auge y recesión que puede resultar muy distorsionante para los niveles de empleo, la balanza comercial y otros factores de la estabilidad macro económica.”

Honduras Con el incentivo del FMI, Honduras instrumentó medidas para estimular la producción para la exportación a comienzos de la década del 90. Mientras tanto, bajo la influencia del ajuste del FMI, Honduras perdió casi el 12 por ciento de su cobertura de bosques en apenas cinco años debido al aumento del madereo. En 1998, el Huracán Mitch atravesó América Central dejando a su paso un reguero de devastación. Alrededor de 11.000 hondureños murieron y millones perdieron sus viviendas. La deforestación exacerbó los deslizamientos de lodo y las inundaciones, contribuyendo a aumentar las proporciones del desastre. Muchas de estas montañas estaban desnudas debido a las políticas agrícolas y madereras orientadas a la exportación que impuso el FMI a Honduras. Las medidas de austeridad, diseñadas por el FMI para que el país pague su deuda externa, también pusieron al país al borde del abismo: la capacidad de respuesta de emergencia para abordar el desastre se caracterizó por una terrible insuficiencia de recursos humanos.

Nicaragua A pesar de la deforestación que ha tenido lugar en el país en las últimas décadas, Nicaragua es el país con más bosques de América Central, y conserva importantes áreas de bosques primarios. Los bosques (mayoritariamente bosques húmedos para también algunos bosques de pino y manglares) son increíblemente diversos, alojando muchas especies de monos, grandes felinos (incluso jaguares), perezosos y osos hormigueros. En 1994 un préstamo del FMI a Nicaragua estuvo condicionado a la expansión del sector forestal en el país, y grandes concesiones se otorgaron posteriormente a compañías extranjeras para la explotación de recursos naturales. La participación del sector forestal en el PBI creció del 1,5 al 3,2 por ciento en tres años y conjuntamente con los recortes de la asistencia a la agricultura que se realizaron siguiendo las directivas del FMI, fueron desencadenantes de un grave proceso de deforestación. En Nicaragua se pierden alrededor de 150,000 hectáreas de bosques cada año debido al madereo comercial y la creciente agricultura de tumba y quema. Nicaragua ha perdido el 60 por ciento de su cobertura de bosque en los últimos 50 años. Esta deforestación es responsable por el desecamiento de más de 200 ríos y arroyos y la pérdida de tres millones de toneladas de suelo superficial de acuerdo a Jaime Incer, ex-Ministro de Recursos Naturales de Nicaragua. Si no se controla el ritmo de pérdida de bosque, se prevé que los bosques de hojas anchas de Nicaragua se agotarán en un plazo de 10 a 20 años.

En 1994, una de las concesiones más grandes ofrecida por el gobierno nicaragüense, con una extensión de 62.000 hectáreas, fue adjudicada a Kimyung una empresa maderera coreana. El área de la concesión incluía la tierra de las comunidades de los pueblos indígenas Sumus y Miskitos. La concesión de Kimyung fue finalmente revocada en 1998 después de que los habitantes locales lograron demostrar las actividades ilegales que llevaba adelante la compañía. Presionado por el FMI para recortar los gastos del estado, el Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales se le redujeron sus fondos en un 36 por ciento. La moratoria de 5 años establecida sobre la tala y la exportación de caoba, cedro real y pochote resultó prácticamente inexistente a raíz de la incapacidad para aplicarla, generada por esa falta de recursos. El madereo ilegal continuó degradando las maderas duras preciosas, y en 1999, el presidente revisó la prohibición y en su lugar estableció un impuesto del 7,5 por ciento al comercio de maderas preciosas. Como en el caso de Honduras, la deforestación contribuyó a aumentar la magnitud de la destrucción de vida y tierra asociada al Huracán Mitch, el peor desastre natural de América Central en dos décadas. Los terribles deslizamientos de lodo e inundaciones mataron 6.000 personas y ocasionaron daños por valor de miles de millones de dólares, debido en parte al arrastre rápido producido por la lluvia y la erosión de las áreas deforestadas. Al reconocer el papel de la deforestación, el gobierno nicaragüense declaró en el año 2000: “La frecuente recurrencia de fenómenos naturales y el mal manejo de nuestros recursos naturales han aumentado los factores de riesgo ecológico, y han determinado un mayor deterioro y vulnerabilidad del medio ambiente. El Huracán Mitch expuso las carencias nacionales para enfrentar desastres de envergadura y el enorme sufrimiento que estos ocasionan a nuestro pueblo, en particular a los más pobres.”